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Carlos Morales Tapia | Xalapa, Veracruz – 7 de octubre de 2025 | En los laberínticos pasillos de la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Xalapa, Veracruz, una empleada de base llamada María Liliana Pajonares González fue sorprendida el 23 de septiembre de 2025 destruyendo documentos oficiales: actas de nacimiento, constancias de estudios y expedientes completos de pensionados. No era un acto aislado de negligencia, sino un intento deliberado de borrar huellas de una red de corrupción que ha despojado a cientos de jubilados de sus ahorros vitales, causando al menos dos muertes por estrés financiero y demoras burocráticas. Fuentes internas, que hablan bajo anonimato por temor a represalias, describen este incidente como

Pese a la gravedad –un delito federal tipificado en el artículo 121 de la Ley General de Archivos, con penas de tres a diez años de prisión y multas de hasta 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMAs)–, los superiores no denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR). En su lugar, levantaron un acta administrativa manipulada y organizaron un evento deportivo en la Subdelegación de Prestaciones como «cortina de humo», una distracción para encubrir el acto. Este patrón de protección no es nuevo en México, donde la corrupción en instituciones públicas como el ISSSTE ha sido una “gran grieta” sistémica, como ya se ha en análisis históricos.

De la ventanilla 18 a los despachos de poder

Pajonares González no opera en solitario. Es el eje de una red familiar y sindical que transforma el ISSSTE en un feudo privado. Como suegra de Manuel Uriel Soto Guevara –exsubjefe de pensiones, despedido por fraudes documentales–, Pajonares filtraba información confidencial desde la ventanilla 18, un punto negro con más de 350 expedientes rezagados y que siempre se negó a resolver. Soto, a su vez, está casado con Clare Arlep López López, secretaria de Recursos Humanos, acusada de recolectar estados de cuenta bancarios para posibles despojos.

El vínculo se extiende a figuras políticas: Alejandro Arnulfo Rodríguez Sánchez, detenido el 30 de mayo de 2025 en Coatepec junto a Octavio Augusto Figueroa Jerezano por intentar robar más de 300,000 pesos a una viuda pensionada mediante documentos falsos. Arnulfo, hijo de Arnulfo Rodríguez González (candidato del PAN a la alcaldía de Banderilla en 2025 y exmilitante de Movimiento Ciudadano), es yerno de Arturo Escobar Meléndez, exsubjefe de prestaciones en el ISSSTE y actual funcionario en la Secretaría de Educación de Veracruz, con denuncias pendientes desde 2022. Fuentes internas afirman que esta “telaraña” incluye “amigos” como Erick Donaldo Chávez Coria y Erik García Huerta, y cuenta con el aval de altos mandos: Ollín Chávez Hernández (subdelegada de Prestaciones), Ignacio de Jesús Altamirano Cantell (jefe de Afiliación, reincorporado tras un despido por corrupción en adquisiciones -Aunque, el mar es menos profundo-) y María Eugenia Castañeda Elvira (secretaria general de la sección XXXV del SNTISSSTE, el sindicato mayoritario de la institución).

Rodolfo Ayala Salinas, representante sindical, actúa como “facilitador” de trueques ilícitos con préstamos y pensiones. El esquema es sencillo pero letal: retrasos intencionales exigen “papeles imposibles”, falsificaciones borran derechos, y datos robados permiten despojos en bancos como BBVA. Víctimas principales: jubilados y pensionados, en su mayoría, de la tercera edad, muchos en zonas rurales de Veracruz, donde la pobreza agrava el impacto. Al menos dos casos terminaron en tragedia –un abuelo fallecido por negligencia directa de Pajonares y una mujer sin pensión, ambos casos, documentados por este medio–, reflejando cómo la corrupción no sólo roba dinero, sino vidas.

Un megafraude que persiste bajo la 4T

Este escándalo local no es anomalía; es síntoma del megafraude en el ISSSTE destapado en 2023: 15,000 millones de pesos evaporados vía pensiones infladas y falsificaciones, con 3,233 personas denunciadas y solo cinco procesadas hasta 2024. En Veracruz, la Recomendación 224/2021 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya advertía negligencia en el Hospital de Orizaba, con resguardo precario de archivos que facilita robos. A nivel nacional, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional califica a México con 26 puntos en 2025, estancado en el lugar 126 de 180 países, confirmando que las promesas de la Cuarta Transformación contra la impunidad no han rendido frutos.

Las recientes protestas contra la Reforma a la Ley del ISSSTE en febrero de 2025 –que aumenta contribuciones de trabajadores para “rescatar” al instituto de la quiebra– agregan ironía: mientras jubilados protestan en Xalapa y Coatepec por demoras en pagos, redes internas como la de Pajonares agravan el déficit con fraudes. Maestros veracruzanos, en paros masivos, exigen calcular pensiones en salarios mínimos, no UMAs, y mejoras en salud, pero ignoran que la corrupción interna erosiona los fondos que pretenden salvar. ¿Por qué la Secretaría de la Función Pública (SFP) o la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no intervienen? Fuentes sugieren nexos políticos transversales, desde el PAN hasta Morena, que blindan la impunidad.

¿Quién protege a quién?

El evento deportivo como distracción y el acta manipulada violan el artículo 400 del Código Penal Federal (encubrimiento: penas de tres a nueve años). ¿Por qué altos funcionarios arriesgan sus carreras? Pajonares, según insiders, guarda “secretos” de irregularidades mayores, incluyendo nexos con Escobar Meléndez y Rodríguez González, «radio pasillo» asegura que Pajonares, «dió a torcer su bracito» así, «flojita y cooperando», con Nacho «Cachondo» Altamirano Cantell ¡A ver si le hacen otro video en su oficina! Aunquenoestébueno.

P. D.: Para tener más protegida a Pajonares, «Nachito Cachondo» la quitó de la ventanilla 18 y la mandó al área de recuperación de crédito, que es donde la puede proteger mejor ¡Hastaí no’más!

¿Y los delitos Apa?

– Con un documento MAL hecho y PEOR redactado – En nuestro poder, of course- se «solvento» el tema… Ah, si, firmado por Nachito.

Esta dinámica evoca UNO de los 35 casos emblemáticos de corrupción en el sexenio de Peña Nieto, donde redes familiares saquearon instituciones públicas. En la 4T, pese a avances en acceso a información, la batalla contra la corrupción sigue estancada, a pesar de ¿Los esfuerzos? De Sheinbaum.

Preguntas pendientes y un llamado urgente

¿Cuántos jubilados más morirán esperando justicia? ¿Llegará la FGR a desmantelar esta red antes de que la reforma del ISSSTE cargue el costo a los trabajadores honestos? Exigimos auditorías inmediatas al Órgano Interno de Control del ISSSTE, destituciones e investigaciones independientes. Afectados: denuncien al 088 (FGR) o vía CNDH. La corrupción en México no es inevitable; es una elección que debe terminar.

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