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«Nadie merece morir por trabajar y mucho menos terminar de rodillas, con hombres armados apuntando a su cuerpo»                                                   – Bryan LeBarón

Carlos Morales Tapia Periodista Independiente | Irma Hernández Cruz, maestra jubilada de 62 años, no buscaba héroes ni titulares. En Álamo Temapache, Veracruz, conducía su taxi para complementar una magra pensión que no alcanzaba; un esfuerzo cotidiano que millones de mexicanos comparten. Pero el 18 de julio de 2025, su vida se apagó en manos de «La Mafia Veracruzana», un grupo criminal que la secuestró por negarse a pagar extorsiones. Seis días después, su cuerpo fue hallado en un rancho, víctima de la violencia que enfrentó. El video donde, arrodillada y rodeada de hombres armados, fue forzada a advertir a otros taxistas que pagaran sus «cuotas», es un recordatorio brutal de cómo el crimen organizado somete a los más vulnerables, mientras que, El Estado, se dedica a evadir responsabilidades y a defenderse de lo que, en lenguaje woke llaman, pomposamente: Violencia Mediática.

El caso de Irma no es un hecho aislado, sino un reflejo de las fallas estructurales que asfixian a México. En Veracruz, la extorsión a transportistas es una práctica cotidiana. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se reportaron 1,234 casos de extorsión en el estado, un aumento del 15% respecto al año anterior. «La Mafia Veracruzana», vinculada al Cártel del Golfo, opera con impunidad en regiones como Álamo Temapache, donde los taxistas enfrentan amenazas constantes para pagar «derecho de piso». Irma, con dos taxis a su nombre, se convirtió en blanco de estos, por su negativa a ceder.

La precariedad económica que obligó a Irma, una maestra jubilada, a trabajar como taxista es otro factor clave. En México, el 60% de los jubilados no cuenta con una pensión que alcance para vivir dignamente, según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Esta vulnerabilidad económica expone a personas como Irma a entornos de alto riesgo, donde la falta de protección por parte del Estado, las deja a merced del crimen. Antes de su secuestro, no se reportaron medidas preventivas específicas por parte del gobierno de Veracruz para combatir la extorsión en la región, una omisión que señala una falla medular sistemática en la seguridad pública; no queremos decir con esto que: «Protegen al crimen organizado o forman parte de este o peor aún: RECIBEN indicaciones de ellos».

Durante el secuestro, la Comisión Estatal de Búsqueda emitió una ficha, destacando que Irma necesitaba tratamiento médico. La gobernadora Rocío Nahle confirmó una investigación abierta, pero, no hubo avances significativos hasta el hallazgo de su cuerpo el 24 de julio de 2025. La Fiscalía General del Estado (FGE) identificó a Irma mediante exámenes forenses y detuvo a tres sospechosos al día siguiente: Víctor Manuel “N” («El Cholo»), José Eduardo “N” («El Gastón») y Jeana Paola “N”. Entre lo incautado a los detenidos había armas, drogas y una libreta con nombres de víctimas de extorsión, evidenciando la magnitud del problema. Sin embargo, la respuesta del gobierno sigue siendo evasiva, reactiva, no preventiva.

El activista Bryan LeBarón fue una de las primeras voces en condenar el asesinato. En X, escribió: «Ella no es ningún sicario, es una maestra jubilada que decidió ser taxista para ganar dinero extra. Nadie merece terminar de rodillas, con hombres armados apuntando a su cuerpo». Su mensaje resonó en redes, visibilizando la indignidad sufrida por Irma. La gobernadora Rocío Nahle expresó su compromiso con la justicia y pidió a los taxistas denunciar extorsiones, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum prometió coordinación federal para reforzar la seguridad. Sin embargo, la ausencia de pronunciamientos de colectivos de taxistas o de otras figuras públicas evidencia un silencio preocupante. ¿Dónde están las organizaciones que deberían alzar la voz por los trabajadores del transporte? Mejor aún ¿Dónde están esas «voces del pueblo»? Según dijeron en campaña, pero que les disgusta la crítica y nos acusan de generar mensajes de «odio», según su wokeabulario.

El caso de Irma exige medidas urgentes. Primero, el gobierno de Veracruz debe implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad pública y complementar con programa estatal de protección para transportistas, con líneas de denuncia anónima y operativos focalizados contra la extorsión. Segundo, es imperativo regular los anexos, señalados como centros de abuso y crimen, como lo denuncia el artículo de *YoAcuso.com.mx* https://yoacuso.com.mx/2025/07/27/cuando-ayudar-es-encerrar-el-infierno-de-los-anexos-en-mexico. Estos lugares, que prometen rehabilitación, a menudo operan como fachadas para actividades ilícitas, incluyendo la extorsión. Tercero, se necesita garantizar pensiones dignas para que jubilados como Irma no tengan que arriesgar sus vidas en trabajos vulnerables.

La muerte de Irma Hernández no es sólo una tragedia personal, sino el principal síntoma de un sistema que abandona a sus ciudadanos. Su resistencia al crimen organizado es un acto de dignidad que no debe quedar en el olvido.

Como sociedad, debemos preguntarnos: ¿cuántas Irmas más necesitamos para actuar?

Exijamos justicia, no solo para ella, sino para todos los que enfrentan al crimen con las manos vacías y el corazón lleno de valentía.

A su consideración