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Contexto: una reforma judicial bajo escrutinio

En 2025, México vive un proceso histórico con la elección popular de más de 2,600 cargos judiciales, incluyendo magistraturas de circuito y posiciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta reforma, impulsada para democratizar el Poder Judicial, ha generado controversia por su implementación y los criterios de elegibilidad de los candidatos. Uno de los puntos más debatidos es el requisito constitucional de promedios mínimos: 8.0 en la licenciatura y 9.0 en la especialidad para los aspirantes a magistraturas. El Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de organizar y validar el proceso, ha enfrentado críticas por irregularidades en la verificación de estos requisitos, lo que ha derivado en la anulación de 37 candidaturas ganadoras.

El caso de Ángel Rosas Solano

Ángel Rosas Solano, candidato electo para una magistratura federal en materia mixta del séptimo circuito, se encuentra en el centro de esta polémica. El 18 de junio de 2025, un medio nacional publicó una lista de 33 candidatos que, según el INE, no cumplían con el promedio mínimo, incluyendo a Rosas Solano. En respuesta, el candidato organizó una conferencia de prensa para desmentir la acusación, calificándola como un “infundio” o, en el mejor de los casos, una “equivocación”.

Rosas Solano presentó documentación certificada ante el INE, demostrando un promedio de 8.58 en su licenciatura, superando el mínimo exigido. Además, afirmó haber remitido previamente estos documentos a los comités de evaluación y al INE, respaldados por un correo certificado por notario. Con 25 años de experiencia judicial y estudios en instituciones como la Universidad Veracruzana, la Universidad Villa Rica, el Colegio de Veracruz y la Escuela Federal de Formación Judicial, Rosas Solano defendió su trayectoria y el apoyo de los más de 183,000 votantes que lo respaldaron el 1 de junio de 2025.

Irregularidades en el proceso: ¿fallas del INE o del Senado?

El caso de Rosas Solano pone en evidencia las deficiencias en la validación de candidaturas. Según reportes, la responsabilidad inicial de verificar los requisitos recaía en los comités de evaluación conformados por los tres poderes de la Unión y el Senado, no en el INE. Sin embargo, el instituto electoral ha sido criticado por no detectar a tiempo los incumplimientos, lo que derivó en la anulación de 37 triunfos tras la elección. La consejera Carla Astrid Humphrey señaló que 33 expedientes, incluido el de Rosas Solano, estaban bajo revisión, pero el candidato asegura no haber recibido notificación oficial del INE, enterándose de su supuesta inelegibilidad por medios de comunicación.

Esta situación plantea preguntas sobre la transparencia y eficiencia del proceso. ¿Por qué los comités de evaluación aprobaron candidaturas que no cumplían los requisitos? ¿Es el INE responsable de las fallas en la fiscalización, o simplemente está corrigiendo errores heredados? Además, la falta de comunicación directa con los candidatos afectados sugiere una gestión deficiente que podría dañar la credibilidad del proceso electoral judicial.

Implicaciones y tensiones

La anulación de candidaturas ha generado un debate sobre los criterios académicos. Algunos consejeros del INE, como Uuc-kib Espadas Ancona, han rechazado intentos de flexibilizar los requisitos, argumentando que un promedio de 7.9 no puede redondearse a 8.0, ya que esto violaría la Constitución. Otros, como Jorge Montaño, han sugerido que los promedios de posgrados podrían compensar deficiencias en la licenciatura, citando una sentencia del Tribunal Electoral (JDC-18/2025).

El caso también refleja tensiones políticas. La consejera Claudia Zavala y Dania Ravel propusieron, sin éxito, dejar vacantes las magistraturas anuladas de candidatas mujeres para evitar que fueran ocupadas por hombres, en un esfuerzo por garantizar la paridad de género. Asimismo, propuestas para descalificar a candidatos por acusaciones de acoso no prosperaron, lo que ha avivado críticas sobre la ética en la selección de jueces.

La defensa de Rosas Solano: un llamado a la verdad

Ángel Rosas Solano no solo busca limpiar su nombre, sino también proteger la confianza de sus votantes. Su caso podría ser emblemático de otros candidatos que, por errores administrativos o filtraciones a medios, han visto cuestionada su legitimidad. La falta de una metodología clara para calcular promedios y la ausencia de expedientes completos en algunos casos, como señaló la consejera presidenta Guadalupe Taddei, agravan la incertidumbre.

Conclusión: un proceso en entredicho

El caso de Ángel Rosas Solano es un reflejo de los retos que enfrenta la reforma judicial en México. Si bien la elección popular de jueces busca democratizar la justicia, las fallas en la validación de candidaturas y la falta de transparencia amenazan con socavar este objetivo. Mientras Rosas Solano confía en que “la verdad prevalecerá”, el INE debe resolver con celeridad y claridad los casos pendientes para garantizar la legitimidad del proceso. La ciudadanía, que emitió más de 507 millones de votos en esta elección, merece un Poder Judicial electo sin sombras de duda.

Este artículo se basa en información publicada en medios nacionales y posts en redes sociales, contrastada con reportes oficiales del INE. Para más detalles, consulte los sitios oficiales del Instituto Nacional Electoral.