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Salvador García Soto | Las élites políticas y empresariales de la 4T están a la expectativa y con mucho nerviosismo por el enjuiciamiento del dictador Nicolás Maduro que recién comienza en Nueva York. La inquietud que genera lo que pueda aflorar en el juicio en contra del depuesto gobernante venezolano y de su esposa, la poderosa Cilia Flores, se percibe lo mismo en Palacio Nacional, que en las dos Cámaras del Congreso mexicano y por supuesto en la estructura dirigente de Morena, donde hay presiones para que México asuma un papel más enérgico en la condena de la intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela.De acuerdo con fuentes internas del morenismo, en los sectores más duros y radicales del gobierno y del partido gobernante se busca impulsar acciones directas de rechazo a la política intervencionista del presidente Donald Trump, que van desde campañas permanentes en las redes sociales, hasta manifestaciones y protestas contra instalaciones estadounidenses o, incluso en algunos casos, como en el Senado de la República, se decidió cancelar la sesión parlamentaria en la que se aprobarían los intercambios tácticos y de inteligencia militar con el Ejército de Estados Unidos.La respuesta estadounidense no se ha hecho esperar y, según comentan fuentes diplomáticas, hay una nueva lista de políticos de Morena que serán objeto en las próximas horas y días de cancelaciones de visas por tener vínculos directos con el gobierno de Nicolás Maduro y encabezar incluso grupos de defensa del régimen venezolano. Entre esos políticos, según las fuentes, destaca el nombre del senador Gerardo Fernández Noroña y de la diputada Dolores Padierna, entre otros a los que les cancelarán el visado estadounidense.Desde la Embajada de los Estados Unidos, afirman, se lleva a cabo un “monitoreo riguroso de declaraciones, artículos y publicaciones y mensajes en redes sociales de varias figuras del régimen morenista para documentar su apoyo a la dictadura madurista y si son parte de las campañas de ataque a las acciones del gobierno estadounidense.Y si en el gobierno y su partido están nerviosos por lo que pueda aflorar en el juicio que arrancó en Nueva York en contra del dictador venezolano y su esposa, también hay preocupación y nerviosismo entre algunos empresarios mexicanos cuyos nombres podrían salir a relucir en las audiencias judiciales del país vecino, por haber participado en la trama de “intercambio de alimentos por petróleo” que tuvo lugar en el año 2020 y 2021 durante la pandemia del Covid.En aquellos años, según se documentó en denuncias periodísticas, el régimen de Nicolás Maduro mandaba barcos petroleros cargados de petróleo y combustibles a las aguas internacionales del Caribe para que fueran truequeados por cargamentos de comida, en forma de granos como maíz, frijol y despensas, que mandaban empresarios mexicanos que recibían a cambio los cargamentos petroleros para que hicieran con ellos lo que quisieran.Esa operación, que se reveló tras la detención del empresario venezolano Alex Saab en Cabo Verde, fue detectada y documentada por el Departamento del Tesoro que emitió sanciones en junio de 2020 contra Saab, a quien consideraba “testaferro” de Maduro, y en contra de un joven empresario mexicano, de nombre Joaquín Leal, que desde entonces fue identificado por Washington como el “enlace” entre el gobierno de Maduro, a través de Saab, y un par de empresas mexicanas (Libre Abordo y Schlager Business Group), que participaron del trueque de alimentos por petróleo.Los empresarios mexicanos, uno de apellido israelí y otro nacional, intercambiaban barcos cargados de alimentos como arroz, frijol y despensas y a cambio recibían barcos petroleros que eran llevados a aguas internacionales donde se producía el trueque. Joaquín Leal, empresario que hacia las veces de representante de Maduro en México, era quien operaba esos intercambios a través de sus relaciones con varias familias mexicanas, además de que a Leal se le vinculaba también con Andrés Manuel López Beltrán.