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Mario Maldonado | La crisis en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) escaló esta semana con la suspensión inmediata del secretario de Administración, Javier Tapia Santoyo, luego de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicitó su remoción e inhabilitación por presunto desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y abuso de funciones. En una tarjeta informativa, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, confirmó que instruyó al área jurídica acatar la medida desde el 29 de noviembre, mientras avanzan las investigaciones. Esto significa que el caso rebasó los límites administrativos y entró en la arena penal y política.

Lo que detonó el expediente fue un contrato de 2 mil 500 millones de pesos adjudicado de manera plurianual, hasta 2028, a empresas vinculadas al llamado Cártel de la Limpieza, así como irregularidades heredadas del paso de Tapia por el ISSSTE, donde se documentaron mil 613 millones de pesos adjudicados a proveedores sin capacidad técnica y depósitos no reportados provenientes de empresas fantasma. La investigación apunta también a la red de compañías relacionadas con Biomedics e Interacción Biomédica, esta última declarada fantasma y donde aparece como accionista Fernanda Valenzuela del Olmo, esposa de Tapia, pieza clave en las triangulaciones detectadas por organizaciones civiles como TOJIL.

El vacío de control interno en el IPN permitió que Tapia operara de facto como un director general alterno, rebasando incluso al propio Reyes Sandoval, quien, según fuentes de la institución, dejó la administración en manos del funcionario desde 2021. Ese año, Tapia llegó al IPN con presunto respaldo político “de alto nivel”, lo que él mismo hacía saber a su círculo cercano, y desde entonces movió los hilos de las áreas estratégicas: adquisiciones, recursos materiales, jurídico y finanzas. Varios de sus colaboradores arrastran antecedentes judiciales o administrativos, como Marx Yazalde Ortiz Correa, actual director jurídico del IPN, quien ha sido señalado en denuncias y procesos de auditoría relacionados con irregularidades detectadas durante su paso por el ISSSTE.

Las consecuencias institucionales también alcanzaron a la Fundación Politécnico, cuyo trabajo histórico de financiamiento académico entró en confrontación directa con Tapia. De acuerdo con documentos internos, el funcionario presionó a la Fundación para aprobar proyectos no autorizados y liberar recursos sin comprobación. Ante la negativa, impulsó la ruptura con esa entidad y promovió la creación de la asociación “Corazón Guinda y Blanco”, integrada por colaboradores suyos. Tapia mantiene pendientes comprobaciones por cientos de millones de pesos que la Fundación le reclama desde 2022.

A este historial se suma una queja ante la CNDH por acoso laboral presentada por Yazmín Contreras Frías, jefa de servicios en la Dirección de Recursos Materiales, así como múltiples testimonios de hostigamiento, represalias y presiones para firmar adjudicaciones dudosas. TOJIL, por su parte, denunció ante la FGR que Tapia, en su etapa como tesorero del ISSSTE, adjudicó contratos de insumos médicos a empresas inexistentes, lo que anticipaba el patrón que hoy se investiga en el IPN.
El caso también tiene un componente político. Tapia lleva más de un año construyendo su aspiración para ser candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. En comidas y encuentros privados presumía tener “bendición al más alto nivel”, como lo revelé en mi columna del 25 de marzo, cuando adelanté que Armando Ríos Piter, “El Jaguar”, lo asesoraba en su proyecto rumbo a 2027. El cálculo político partía de que la candidatura de Félix Salgado Macedonio se había complicado por la reforma contra el nepotismo, lo que abría espacio para un perfil como el de Tapia, cercano al oficialismo y con estructuras financieras en marcha.