Carlos Morales Tapia | Las denuncias ciudadanas sobre el Hospital del ISSSTE en Xalapa revelan una crisis profunda de saturación, maltrato y corrupción que afecta a miles de derechohabientes. El director del hospital, Dr. Samuel Ferrer Palacios, reconoció en agosto de 2025 la grave negligencia, calificándola como prácticas “diabólicas y satánicas” que llevan a pacientes “con los pies por delante”. La clínica, diseñada para atender a 20,000 usuarios, atiende actualmente a más de 50,000, empeorando la atención.
En el área de urgencias, la espera se extiende hasta cinco horas en salas abarrotadas, y el personal médico —como el jefe de urgencias, Dr. Hernández Solano, y el Dr. Gaona— son denunciado por falta de profesionalismo, dedicándose a actividades ajenas a sus funciones. Los especialistas, incluido el radiólogo Antonio y el jefe de Medicina Interna, Dr. Jorge Alfredo Cruz García, son señalados por actitudes groseras y negativas constantes, generando un ambiente hostil.
Estos problemas no son aislados. En 2024, el Sindicato Único de Trabajadores del ISSSTE (SUTISSSTE) denunció retrasos letales en urgencias y falta de especialistas. En 2025, jubilados protestaron contra el robo de pensiones, y exfuncionarios fueron detenidos por fraude millonario en Coatepec, ligados a documentos falsos y robo de identidad. A nivel nacional, estos delitos crecieron 30%, con la filtración en la Dark Web de datos de 20 millones de pensionados.
El ISSSTE atiende a 13.6 millones de derechohabientes, pero solo el 70% reporta recibir atención oportuna. El programa “Salud Casa por Casa” ha realizado 14 millones de visitas domiciliarias desde mayo de 2025, y el número de especialistas se incrementó 30%. Sin embargo, la sobrecarga persiste, agravada por una reducción del 12.2% en el gasto federal en salud y un aumento del 12% en el costo de los medicamentos.
La reforma de pensiones aprobada en febrero de 2025 promete garantizar el 100% del salario a cotizantes con bajos ingresos, financiada con recursos provenientes de incautaciones por acciones anticorrupción. No obstante, numerosos críticos la califican de “robo” para las cuentas inactivas, profundizando la inseguridad entre pensionados.
Desde Yo Acuso respaldamos este clamor ciudadano y exhortamos al director Ferrer Palacios, al director general Martí Batres, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a actuar con urgencia. Solicitamos una auditoría independiente y permanente, capacitación en empatía y ética para el personal, y la incorporación de personal joven y comprometido con el servicio público.
El ISSSTE debe ser un protector de derechos, no un escenario de abusos. Invitamos a los lectores a compartir sus experiencias y a exigir transparencia y justicia.
yo acuso multimedios 
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