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Carlos Morales Tapia | En un giro que expone las profundidades de la corrupción institucional en México, el llamado «huachicol naval» ha transformado buques, tuberías internas y bodegas oficiales en canales de contrabando masivo de combustible. Este esquema, bendecido por altos mandos de la Secretaría de Marina (SEMAR), ha convertido puertos clave en gasolineras clandestinas de élite y a las Administraciones del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en maquinarias de enriquecimiento ilícito para almirantes, contralmirantes y sus redes familiares y administrativas. Lo que comenzó como una promesa de erradicar el robo de hidrocarburos bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se ha revelado como un negocio millonario operado desde las entrañas de la institución naval, con pérdidas fiscales estimadas en miles de millones de pesos anuales.

Silencio o Exilio La Regla de Oro

Desde puertos estadounidenses como Galveston hasta destinos mexicanos como Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz, buques cargados con combustible ilegal arribaban -y lo siguen haciendo hoy dia- sin mayores obstáculos. Figuras clave como el almirante Ubaldo Martínez, ex titular de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM); el contralmirante Carlos Gómez, ex director general de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria (DGFAP); y el almirante Solano Armenta, ex titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), conocían el esquema. La norma no escrita era clara: quien denunciaba enfrentaba represalias inmediatas. Civiles eran despedidos y vetados de la SEMAR, mientras que militares eran reasignados a puestos remotos como castigo ejemplar. Esta «omertà» tropical, vestida de uniforme impecable, silenciaba cualquier disidencia, evocando códigos mafiosos adaptados al contexto marítimo mexicano.

Investigaciones recientes han confirmado que esta red involucraba no sólo combustible, sino también precursores químicos y sustancias ilícitas, con impactos que trascienden fronteras, potencialmente afectando relaciones con Estados Unidos. El escándalo estalló en 2025 con detenciones de alto perfil, incluyendo al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del ex secretario de Marina Rafael Ojeda Durán, vinculado al aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas en marzo de ese año.

Epicentro de Impunidad Ensenada

En el puerto de Ensenada, Baja California, un contralmirante jubilado, con experiencia en navegación, actuaba como un concesionario informal, autorizando descargas irregulares en muelles no autorizados. Cuando el capitán Gamaliel intentó intervenir, fue despedido sumariamente. Este caso ilustra cómo la impunidad se perpetuaba: el contralmirante continuaba operando sin consecuencias, mientras que denunciantes eran marginados. Fuentes internas revelan que estas prácticas generaban «ganancias» millonarias, evadiendo impuestos y controles aduaneros.

Banquete de la Mafia Naval El Golfo de México

El Golfo de México se convirtió en el corazón del esquema. Personajes como Nico Demus, Romel Ledezma Abaroa y Benito operaban con el respaldo de los hermanos Farías Laguna, ambos integrantes de la SEMAR y señalados como líderes de una red que importaba ilegalmente cientos de millones de litros de combustible desde junio de 2023. Elizabeth García Duarte, ex funcionaria de fomento portuario, ascendió a roles clave en Marina Mercante, beneficiando empresas como Tajín y Marinoil bajo órdenes directas del contralmirante Carlos Gómez.

Las negociaciones se realizaban en salas de juntas del piso 6 en Veracruz y centros de negocios, donde se pactaban contratos con empresas como Marinoil, Combustibles Brave, Tajín y Mexlub. Ledezma exigía «aportaciones» en efectivo, entregadas en su mansión en Alvarado (Circuito Campestre 40) o su cabaña en Coatepec, evitando trazas bancarias. Este modus operandi, reminiscente de los capos de los 90, generaba un flujo de efectivo que evadía el fisco en cientos de millones de dólares.

El Supermercado del Crimen Bodega 5

En la ASIPONA de Veracruz, la Bodega 5 operaba como un «resguardo controlado» oficial, pero en realidad era un hub para huachicol y fentanilo. Mercancía salía por tren sin inspecciones, autorizada por el ex secretario Rafael Ojeda Durán y supervisada por Carlos Gómez, amigo de los Farías, quien fue ascendido pese a las irregularidades. Este sitio simboliza cómo infraestructuras estatales se convirtieron en facilitadores del crimen organizado, con pérdidas fiscales que superan los 177 mil millones de pesos en 2024, eclipsando escándalos como Segalmex.

Bestiario El Zoológico de la Corrupción Galería de Personajes

– Ubaldo Martínez: Orquestador de arribos y despachos falsos para buques de Galveston, asegurando operaciones sin contratiempos.
– Cap Conejo y Ferris de Islas Marías: Beneficiarios de contratos directos, vinculados a empresas de los hijos de López Obrador, con la SEMAR como cobertura para irregularidades en construcciones navales.
– Torre Claudio («Don Nalgas Alegres»): Acusado de acoso, protegido por Raymundo Pedro Morales Ángeles, actual secretario de Marina.
– Elizabeth García Duarte: Experta en «caer parada», pasando de permisos irregulares a ventas de indulgencias administrativas.
– Eloy Caballero: Cobrador de cuotas (200-400 mil pesos por contrato), facilitando entradas a empresas fantasma como SOPORT, ligadas a Ledezma.

Epílogo: La Tragicomedia de la SEMAR

Hoy, la DGFAP permanece en manos de figuras cuestionadas como Valdez, Parra y Plancarte. La SEMAR posa de honorable, pero opera como un club privado de mochadas, acoso y huachicol. El honor naval yace en un cajón olvidado, mientras Raymundo Pedro Morales Ángeles encubre la vergüenza institucional. La verdadera flota mexicana es la del huachicol, capitaneada por almirantes de gala que creen que el uniforme absuelve pecados. Este escándalo no es aislado: es un síntoma de corrupción sistémica que exige investigaciones independientes y rendición de cuentas.

Nota: Este artículo se basa en investigaciones periodísticas y documentos oficiales. Las autoridades han deslindado a Ojeda Durán, afirmando que él impulsó las indagatorias, pero el daño a la institución persiste.