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Lorena Caro | En México, la extorsión no distingue rostro ni rincón. Alcanza al abuelo que cuida la casa, a la tiendita que resiste en la esquina, incluso a la figura que se hizo famosa en un reality show. Este crimen creció un 27.7 por ciento a nivel nacional en el primer semestre de 2025, con 5 mil 530 víctimas reportadas frente a las 8 mil 734 de 2019, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En los hechos, se manifiesta de formas insidiosas, desde llamadas telefónicas intimidatorias y mensajes extorsivos hasta cobros de “derecho de piso” impuestos por el crimen organizado. En Sinaloa, las cifras reflejan 46 víctimas en 2019, el número alcanzó un pico de 73 en 2023, descendiendo a 56 en la primera mitad de 2025. Local y nacionalmente, la cifra negra puede ser aún más alarmante.

Cifra negra

La extorsión golpea con especial crudeza por su impacto psicológico, económico y social. Y, peor, cerca del 96.7 por ciento de estos casos no se denuncian, lo que refleja una profunda desconfianza en las autoridades y el temor a represalias, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Combatir este delito resulta casi invencible debido a la sofisticación de los métodos criminales, como el uso de tecnología para anonimizar llamadas o la infiltración en comunidades locales. La falta de coordinación entre autoridades y la percepción de impunidad agravan el problema. En las últimas semanas, Claudia Sheinbaum elevó la extorsión a prioridad nacional y reconoció: es “el único delito que no hemos logrado disminuir”.

Estrategia

En reacción, presentó una iniciativa de reforma constitucional para que este ilícito se persiga de oficio, asumiendo el Estado la carga de denunciar y no la víctima. La medida busca otorgar al Congreso facultades para expedir una Ley General contra la Extorsión, con penas homogéneas y esquemas de coordinación entre Federación y estados. Además, lanzó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que incluye el número anónimo 089 y otras acciones como investigación mediante inteligencia y bloqueo de líneas telefónicas usadas por criminales. La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados y el 10 de julio de 2025 fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se prevé que sea una prioridad al iniciar el próximo periodo legislativo. Además, a casi un mes de que se lanzó la estrategia, se detuvieron alrededor de 40 personas por el delito de extorsión en Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Estado de México y Tabasco.

Estado de derecho

“Mientras en este país esté vulnerado el Estado de derecho, esté vulnerada la gobernabilidad, van a seguir sucediendo muchas cosas y situaciones que atenten contra los intereses de los ciudadanos, no sólo su patrimonio, sino con su vida también. Y el delito de extorsión es debido a ese descontrol del gobierno sobre los datos de los ciudadanos”, señaló Ricardo Beltrán, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados. Explicó que los datos de los ciudadanos están prácticamente en la nube y comprometidos por las distintas autoridades. “¿De dónde sacan los datos? ¿Cómo tienen los datos del ciudadano? Porque los datos de los ciudadanos están vulnerables, no están debidamente protegidos y las situaciones de extorsión masiva que vive todo el país es precisamente porque vivimos en un país donde no hay orden, donde no hay Estado de derecho, donde la ley simple y sencillamente no se aplica”, lanzó.

Impunidad

Además, criticó que sencillamente los índices de impunidad están desastrosos, con casi el 97-98 por ciento. Cuestionó cuántas personas que cometen el delito de extorsión son detenidas, si hay extorsiones que emanan hasta de los centros penitenciarios o hay incluso negocios establecidos que ya están extorsionando. “Y ahora, todas las extorsiones, no solamente las que emanan de los teléfonos, las que están padeciendo los comerciantes, las que están padeciendo los campesinos, los transportistas, todos, todos los ciudadanos. Prácticamente estamos vulnerables y estamos expuestos a que se nos cometan actos de extorsión porque el gobierno no tiene el control del país”, sostuvo.

Sinaloa

Por su parte, Francisco Villarreal, presidente de la FAS, destacó que lamentablemente, la situación de inseguridad que vive Sinaloa, se presta para que se den este tipo de delitos. Consideró que faltan campañas sociales, así como muchas de cómo evitar ese tipo de actos. “No se ve, desafortunadamente, ese tipo de programas que deben estar implementados en la dirección de programas preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. No se ve la mano de la Secretaría en ese aspecto. Están ocupados en otros temas, obviamente, no digo que de menor importancia, pero también hay áreas que se deben dedicar a ese tipo de situaciones. Está muy abandonado ese tema”, señaló. En este escenario, enfatizó que el exhorto es para que se activen ese tipo de protocolos, campañas de concientización, promocionales en los medios de comunicación, de la Dirección de Prevenciones de la misma Secretaría de Seguridad Pública para que lleve a cabo ese tipo de campañas sociales.

Efecto nacional

A nivel nacional, Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico de México Unido contra la Delincuencia, consideró que la estrategia nacional contra la extorsión está incompleta y carece de visión estructural, advirtió que aunque la estrategia está diseñada para implementarse en todo el país, los estados seleccionados: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, que presentan el mayor número de carpetas de investigación por extorsión, no reflejan por completo la magnitud del problema. “El número de carpetas de investigación representa solamente el tres por ciento, menos del tres por ciento de víctimas de este delito, porque es un delito que se denuncia muy muy poquito”, explicó. Recordó que la cifra negra en casos de extorsión es del 96.7 por ciento.

Víctimas

En entrevista para El Debate, Reyes destacó que la estrategia privilegia el bloqueo de líneas telefónicas y la recopilación de comunicaciones, pero deja de lado factores clave como el fortalecimiento de la atención a víctimas y la denuncia ciudadana. “La gran brecha que existe es la falta de denuncia y de atención a las víctimas de este delito”, apuntó.

A su juicio, la desconfianza ciudadana hacia el sistema de justicia, particularmente hacia los ministerios públicos, desincentiva la denuncia. Consideró que el nuevo número 089 para denuncias puede captar solo una fracción muy limitada de los casos, especialmente los que ocurren por vía telefónica o digital, pero no aquellos asociados al cobro de piso, que implican una violencia directa.

Ineficaz

La especialista criticó que no se esté diseñando una política diferenciada para este tipo de extorsión, ni se contemple un trabajo coordinado entre autoridades locales y federales. En su opinión, se necesita una estrategia de investigación “en red” que refleje la forma en que opera este delito. Expresó preocupación por los operativos sorpresa en centros penitenciarios y el uso de la Ley de Seguridad Nacional para bloquear comunicaciones sin orden judicial. Advirtió que estas medidas podrían violar derechos y no atacar realmente la raíz del problema.

“La extorsión ya se adueñó de la vida en México, y vamos tarde”

Para Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la intención legislativa de elevar la extorsión a la categoría de delito grave es una medida correcta, aunque tardía. En su opinión, consideró que este delito no es solo un síntoma, sino la raíz de muchas de las enfermedades que enfrenta el país, como la corrupción, contrabando, trata de personas, narcotráfico y otros flagelos de alto impacto.

La extorsión, advirtió, ha penetrado no solo las estructuras de gobierno, sino también la vida cotidiana. “Corroe a las autoridades, las instituciones y la sociedad y, como el moho, va minando los pilares de nuestra cultura”, afirmó. El líder de comerciantes indicó que en otras ocasiones ya se había advertido sobre este fenómeno, pero ahora la situación es más grave y no se trata de evitar que la extorsión se adueñe de la vida diaria, sino de reconocer que ya lo ha hecho.

Al respecto, lanzó un llamado urgente para una cruzada nacional que sacuda conciencias y arrincone esta cultura del mal que tanto daño ha causado. Dijo que se debe actuar por vergüenza nacional, porque mientras México permite que la extorsión se normalice, se abre la puerta a que otros países impongan sanciones unilaterales bajo el pretexto de la inseguridad, lo que pone en riesgo tratados clave como el T-MEC.

De acuerdo con la Alianza de Pequeños Comerciantes, la inseguridad se ha convertido en el principal problema para uno de cada cuatro negocios que la perciben como la mayor amenaza para su operación y supervivencia. Además, alrededor del 50 por ciento de estos pequeños comercios han sido víctimas de algún delito, lo que evidencia la grave situación de vulnerabilidad y riesgo que enfrentan a diario.