Cuando la justicia se «cocina» en la Fiscalía
– «La maestra Irma no tuvo una falla cardíaca en su casa, fue bajo una situación de estrés y miedo extrema. Que la causa de su muerte haya sido un paro cardíaco no debería desdibujar el contexto» – Brujas del Mar.
La indignación ante el asesinato de la maestra Irma Hernández se agrava por un sistema de justicia que fabrica culpables para calmar a la opinión pública, mientras el estado se ahoga en la extorsión.
Carlos Morales Tapia – Periodista Independiente | Se lo dijo al teacher | Irma Hernández Cruz, de 62 años, no era solo una maestra jubilada que se vio obligada a manejar un taxi; era el rostro de un Veracruz que sufre la brutalidad de la extorsión. Su secuestro y muerte por «un infarto», derivado del terror que vivió a manos de la «Mafia Veracruzana», desató una ola de indignación nacional que ha puesto en jaque la narrativa oficial. La gobernadora, Rocío Nahle prometió: Cero Impunidad, pero un nuevo dato arroja una sombra sobre la supuesta justicia.
El discurso oficial choca con una realidad legal más compleja y, según algunos expertos, preocupante. De acuerdo con el abogado penalista Francisco Spinoso Jácome, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no tiene un caso sólido. Los detenidos no han sido imputados formalmente por la privación de la libertad ni por la muerte de la maestra; en su lugar, se les recluyó por delitos menores como posesión de droga y agresión a policías, un modus operandi que, según el jurista, busca ganar tiempo.
«Es evidente que la Fiscalía no cuenta con pruebas sólidas ni periciales ni testimoniales que permitan imputar delitos graves. Por eso los encarcela con delitos de trámite»
Explicó Spinoso Jácome a QUE Noticias y aseguró que, estas imputaciones permiten a un juez dictar prisión preventiva oficiosa, manteniendo a los sospechosos en la cárcel mientras los ministeriales «cocinan la carpeta por homicidio». Este patrón, señaló, ya se ha visto en otros casos mediáticos del estado, como el de «Las Goteras», donde los acusados también fueron detenidos inicialmente por cargos menores para luego armar un expediente más sólido.
La insensibilidad del discurso de Nahle, que redujo el asesinato de Irma a una falla cardíaca, se alinea con un sistema que busca resultados rápidos, sin importar si sacrifica el debido proceso. Las cifras de extorsión, que aumentaron un 15% en 2024, evidencian que el problema de seguridad es sistémico y no se soluciona con detenciones exprés.
El caso de Irma Hernández es un doloroso recordatorio de que la justicia no puede ser un acto de simulación. La maestra no murió por una falla en su corazón; murió por un sistema que no pudo protegerla de la delincuencia organizada y que, ahora, parece estar dispuesto a sacrificar el debido proceso para mostrar un «avance» ante la presión mediática. La resistencia de Irma merece una justicia real y transparente, no una historia maquillada para calmar a la opinión pública.
La gobernadora, por su parte, negó categóricamente haber insultado a los medios de comunicación, afirmando que sus críticas se dirigieron a quienes utilizan la desgracia ajena para generar odio y desinformación.
A pesar de esto, el debate se ha profundizado en torno a las cifras de seguridad. En 2024, el estado registró 1,234 casos de extorsión, un aumento del 15% respecto al año anterior, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este incremento subraya la vulnerabilidad de transportistas como Irma, que a diario enfrentan amenazas.
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