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Cuando AMLO subió «al trono», ya sabía lo que ocurría y donde ¡Pero se quedó callado! Esta investigación de 2023 lo demuestra

México rebasa las 5 mil 600 fosas clandestinas

Desde que inició la guerra contra el crimen organizado en 2007, los entierros ilegales se han multiplicado hasta abarcar casi una cuarta parte de los municipios del país. En el sexenio del presidente López Obrador se han localizado 2,864 fosas clandestinas, la mayoría en Veracruz, Colima, Sinaloa, Guerrero y Michoacán.

QuintoE | Efraín Tzuc | Ningún récord en las estadísticas del terror parece ser imbatible en México. Al aumento en el número de desapariciones, que supera las 111 mil 500 personas, se suma el hallazgo de 5 mil 696 fosas clandestinas en 570 municipios del país, casi una por día desde 2007, cuando se intensificó la guerra contra la delincuencia organizada.

Ha sido en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se han disparado las localizaciones de entierros ilegales, incluso durante 2020 y 2021, los años con mayor restricción de movilidad a causa de la pandemia por covid-19. Hasta abril de 2023, el conteo indicaba que 2 mil 864 fosas clandestinas, más de la mitad de las que están registradas, fueron descubiertas en la presente administración.

Quinto Elemento Lab publicó en 2018 el primer mapa del país sobre esta tragedia con datos obtenidos de las fiscalías estatales mediante solicitudes de transparencia. La investigación reveló que, entre 2006 y 2016, se habían descubierto casi 2 mil entierros ilegales.

Los datos para este nuevo reportaje, entregados por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), provienen también de las fiscalías y muestran cómo en siete años, desde el recuento de Quinto Elemento Lab, el número de fosas clandestinas se ha incrementado el 99 por ciento. Además, se han registrado hallazgos en 177 municipios más que los reportados en 2016.

En estos lugares se encuentra parte de la respuesta que buscan miles de familias que escarban la tierra en parajes inhóspitos –en muchas ocasiones arriesgando su vida– para hallar a sus seres queridos desaparecidos.

Para Yadira González Hernández, que busca a su hermano Juan, desaparecido en 2006 en la comunidad Los Ángeles, en Querétaro, la impunidad ante la tragedia es absoluta. “Como sociedad nos hemos acostumbrado: ya las cifras no nos impactan”, se lamenta la integrante de la Red de Enlaces Nacionales y de la Brigada Nacional de Búsqueda.

Desde finales de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón sacó de los cuarteles a las Fuerzas Armadas para combatir frontalmente a los grupos del crimen organizado, las fosas clandestinas se han ido multiplicando a medida que se extendían por gran parte del país, hasta abarcar el 23 por ciento de los municipios a nivel nacional.

El incremento de los homicidios y desapariciones en México evidencia que la militarización de la seguridad pública emprendida por esta administración ha tenido resultados “desastrosos”, según Amnistía Internacional. A su vez, los criminales –y algunas autoridades estatales y municipales coludidas con estos– recurren a formas cada vez más crueles para deshacerse de los cuerpos de las víctimas, como el uso de ácido o la incineración de los restos óseos, para así evitar su identificación.

Los datos obtenidos por Quinto Elemento Lab, analizados por primera vez temporal y geográficamente, muestran municipios de menos de 250 mil habitantes, con más de medio centenar de fosas encontradas en los últimos años, como Tecomán en Colima; Úrsulo Galván y Playa Vicente en Veracruz; Salvatierra en Guanajuato, y Puerto Peñasco en Sonora.

La CNB, el organismo de la Secretaría de Gobernación encargado de buscar a las personas desaparecidas en el país, únicamente entregó información sobre las fosas clandestinas, sin incluir el número de cuerpos recuperados en cada una, pese a que este dato le fue proporcionado por las fiscalías estatales. Tampoco lo reporta en su mapa de hallazgos de entierros ilegales.

Descarga aquí la base de datos analizada por Quinto Elemento Lab.

El sexenio en que brotaron las fosas

En los primeros cuatro años y medio de este sexenio se descubrieron en promedio 1.8 entierros ilegales cada día. Las 2 mil 864 fosas clandestinas encontradas durante la administración lopezobradorista representan más de la mitad de todas las registradas por la CNB hasta abril de este año, y duplican el número de hallazgos reportados en los doce años previos, bajo los mandatos de Calderón y Enrique Peña Nieto.

Esto no necesariamente significa que las fosas se cavaran durante ese mismo periodo; algunas podrían haber permanecido años sin ser descubiertas.

La geografía de los entierros ilegales también ha cambiado. Antes de 2019, más del 50 por ciento de las fosas se concentraban en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua y Guerrero. Desde diciembre de 2018, ese mismo porcentaje se localiza en cinco entidades: Veracruz, Colima, Sinaloa, Guerrero y Michoacán.

Otro hallazgo masivo se dio en Salvatierra, Guanajuato, donde el 20 de octubre de 2020 se identificaron 65 fosas clandestinas, según los datos de la CNB. La fiscalía estatal había negado la existencia de entierros ilegales en su territorio hasta ese momento en que le fue imposible ocultar los 80 cuerpos y restos óseos que yacían debajo de la tierra. Este hallazgo, a diferencia de la mayoría, que ocurre en lugares despoblados, se dio en una colonia de la localidad, en una superficie de unos 6 mil metros cuadrados, reportó en esa fecha el comisionado estatal de búsqueda, Héctor Alonso Díaz Ezquerra.

Dos municipios más de Veracruz aparecen en esta lista; son Playa Vicente, en la región Papaloapan, colindante con Oaxaca, que reportó 44 entierros el 28 de febrero de 2020, y Alvarado, que contabilizó 40 el día 3 de diciembre de 2019 en la localidad El Arbolillo.

En quinta posición está Tecomán. Ahí, en un solo día, el 6 de febrero de 2019, se hallaron 38 fosas. Es el mismo municipio que registró el número más alto de entierros ilegales desde que inició la administración del presidente López Obrador.

Veracruz, arriba de la lista; Yucatán, al final

México no siempre fue un cementerio clandestino. Considerando únicamente los registros en los que la CNB incluyó el año, antes de 2011 el número de fosas apenas rebasaba la centena, pero desde entonces empezaron a reportarse de manera creciente. Tan solo en San Fernando, Tamaulipas, se localizaron 40 fosas en abril de 2011, en las que se encontraron 196 cuerpos; entre las víctimas había migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras.

“En los primeros años de Calderón, [el hallazgo] se concentró sobre todo en la zona noreste y en Veracruz, porque los Zetas y el Cártel del Golfo eran muy proclives a enterrar en fosas porque querían discreción. No jalar mucha presencia de las autoridades”, dice Eduardo Guerrero, analista en temas de seguridad y director de la agencia Lantia Intelligence.

A partir de 2011, los hallazgos fueron masivos: la cifra de fosas encontradas cada año es, en promedio, de 398.

Veracruz encabeza la lista nacional de entierros ilegales; en total se han localizado 668. Su año cúspide fue 2016, cuando se descubrieron en todo el estado 161 fosas. De estas, 147 se hallaron el 8 de agosto en el puerto de Veracruz. Podrían corresponder a los entierros masivos en el predio de Colinas de Santa Fe, calificado como el cementerio clandestino más grande de América Latina.

“Era un corredor que, en donde tú metieras tu varilla, ahí había una fosa. Era escalofriante”, dice Rosalía Castro Toss, cofundadora del colectivo Solecito y madre de Roberto Carlos Casso Castro, desaparecido en 2011 en Huatusco. El papel que les entregó una persona anónima estaba lleno de cruces que hacían referencia a cada fosa, pero encontraron muchas más de las indicadas. En un solo día hallaron hasta diez entierros en ese predio que era básicamente un potrero. La buscadora afirma que en total eran 152 fosas con 302 cuerpos.

Para encontrarlas, las buscadoras han aprendido a leer la maleza y la tierra, a reconocer olores, a identificar qué hay en el entorno que no debería estar ahí. González, de la Red de Enlaces Nacionales, ha recorrido medio país en busca de entierros ilegales. Ninguna fosa es igual, asegura.

Pese a la importancia de contar con información sobre los cuerpos recuperados en fosas clandestinas y los objetos hallados en su interior, es complicado acceder a estos datos: “Como no sabemos todavía quiénes podrían estar ahí, no tenemos acceso a toda la carpeta de investigación porque no se puede acreditar el interés jurídico [un motivo legal para conocer investigaciones en curso] al no tener indicios de que la persona que buscas pudo haber terminado ahí”, explica De Pina.

La defensora Palacios coincide con esto. En su experiencia, en las carpetas de investigación sobre hallazgos de fosas no hay más que una criminalística de campo insuficiente y “de mala calidad”, es decir, el registro de qué se encontró, en qué condiciones y el lugar exacto. Sin la información completa de la evidencia recogida en estos lugares, más allá del número de cuerpos y restos óseos, es difícil generar líneas de investigación que den con los perpetradores o, al menos, con la verdad de quiénes eran las víctimas y por qué se las llevaron y asesinaron.

Tampoco existen registros digitalizados que puedan ser consultados tanto por las familias buscadoras como por los agentes del ministerio público a cargo de investigar las desapariciones.

“Lo que necesitamos es que las fiscalías empiecen a sistematizar y abrir [publicar] esa información para ver qué nos dice de la violencia y cómo ha cambiado”, señala la abogada e investigadora del ODIM.

La falta de datos públicos respecto a los hallazgos hechos en cada fosa clandestina regresa la atención a las fiscalías, que son los únicos órganos legalmente autorizados para recuperar los cuerpos e indicios, e investigar estos delitos.

Buscadoras bajo asedio

Buscar personas desaparecidas se ha vuelto una actividad de riesgo en México. Cada vez con mayor frecuencia, integrantes de los colectivos sufren intimidaciones y agresiones que ponen su vida en peligro cuando salen a cerros y parajes de difícil acceso.

González dice que la política de austeridad también ha puesto en riesgo a las buscadoras. En el gobierno de López Obrador han disminuido los agentes que las resguardan cuando salen a campo, y el grupo de la extinta Policía Federal que había sido preparado en el sexenio anterior para acompañarlas prácticamente ha sido desintegrado.

Además, cuando son escoltadas por personal de la Sedena o de la Guardia Nacional con formación castrense, es evidente que no cuentan con preparación para protegerlas, como pasó durante una de las actividades en campo de la pasada Brigada Nacional de Búsqueda, realizada en diciembre de 2022 en Morelos, cuando un grupo fue intimidado con disparos.

“Cuando se hacen los disparos, lo que sucedió con Sedena es que se fue a perseguir o a buscar a quien nos estaba disparando y dejó a las familias en el sitio, solas, cuando lo que debía de haber hecho era ayudar a hacer una extracción, sacar a las familias de la zona de riesgo”, cuenta González.

¿Cuántas fosas quedan por encontrar? ¿Cuántos cuerpos faltan por recuperar? ¿Cuándo se les regresarán sus nombres y serán devueltos a las familias que los siguen buscando?

Desde la última actualización del registro, en abril de este año, en Tecomán se encontró otra fosa masiva. Ahí, en el Cerro de Ortega, a la fecha se han recuperado 53 cuerpos de 30 entierros, de acuerdo con un reportaje de la revista Proceso. Sepúlveda tiene razón: esta tragedia no para.

Con información de Marcos Vizcarra. Diseño y desarrollo del mapa interactivo: David Eads. Verificación de datos: Andrés de la Peña.

Imagen de portada: En Colinas de Santa Fe, cerca del puerto de Veracruz, se han hallado más de 150 fosas. En la imagen, tomada en 2019, Fermín Cabrera recorre con su varilla el basurero que colinda con el predio durante su búsqueda de restos. Fotografía: Félix Márquez.

Fuente: https://quintoelab.org/project/mexico-rebasa-cinco-mil-fosas-clandestinas