Polémica por el intento de Morena de blindar las reformas de López Obrador
La propuesta busca que cuando una ley no es declarada inconstitucional por la Suprema Corte, quede validada y no se pueda atacar
GEORGINA ZEREGA | El País | México | El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) busca blindar en la Cámara de Diputados las reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El partido de gobierno quiere sacar adelante en la Comisión de Justicia una propuesta para que con el apoyo de cuatro de los 11 ministros que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pueda declarar como válida e inatacable una reforma impugnada. La jugada del presidente llega después de que el máximo tribunal de justicia tumbara varias de sus propuestas legislativas, como la reforma electoral o más recientemente a la Ley de la Industria Eléctrica. Es también una arremetida de cara al tratamiento de las 20 iniciativas que presentó la semana pasada en el Congreso. La oposición, que consideran que se trata de un ataque a la Constitución, sostiene que el intento no tendrá cauce porque Morena no ha conseguido el visto bueno del presidente de la comisión para tratar el tema. La sesión había sido convocada para el próximo jueves, pero la oposición anunció que no se llevará a cabo.
La tarde del lunes llegó con un puñetazo sobre la mesa. Morena convocó a la Comisión de Justicia a sesionar el 15 de febrero para sacar adelante una propuesta del diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz. Actualmente se necesita el voto de ocho ministros del Pleno de la Corte para declarar una reforma como inconstitucional. Cuando no se alcanza ese número, la ley sigue vigente pero puede ser impugnada en un juicio de amparo. Entonces el asunto vuelve a tratarse. La iniciativa de Morena busca ahora cambiar esas reglas. El partido del presidente quiere que se determine que, cuando no se alcance una mayoría de ocho votos —es decir, tenga el apoyo de cuatro ministros—, la reforma sea declarada como válida e intocable, porque no se podrá admitir ningún juicio ni recurso contra ella.
La polémica por esta medida se ha incrementado debido a que, por tratarse de una reforma legal —y no constitucional—, solo necesitan mayoría simple para aprobarla, algo que tienen en ambas cámaras legislativas. Sin embargo, los líderes de la oposición han asegurado que presentarán una controversia en la Suprema Corte por tratarse de una iniciativa con “rasgos constitucionales”.
Robledo Ruiz explica a este periódico que metió la propuesta en octubre pasado, a título personal. “El presidente ni está enterado de que presenté esta iniciativa”, comenta por teléfono. No tenía en mente entonces el paquete de 20 reformas que articuló el mandatario, asegura, sino resolver un vacío que hay en la ley de qué pasa cuando no se alcanzan los ocho votos establecidos. “Tengo esta y otras iniciativas más que tienden a dimensionar correctamente las facultades del Poder Judicial, que no puede meterse a definir políticas públicas, menos a legislar, y lo ha estado haciendo”.
El diputado panista Felipe Fernando Macías, presidente de la Comisión de Justicia, ha reclamado además que se haya convocado a discutir el tema el jueves sin su visto bueno. “Morena, PT y Verde, vía sus secretarios, pretenden convocar a la Comisión de Justicia de manera ilegal”, ha dicho en un video difundido en redes sociales. Esto, según la oposición, sería suficiente para tumbar la reforma en la Corte. El documento presentado por la alianza gobernante ha justificado la convocatoria bajo la idea de que el presidente del órgano cayó en “omisión” al no llamar a sesión. Más tarde informó que no se iba a llevar a cabo. “Gracias a la firmeza de la oposición, respaldada por la ciudadanía, logramos evitar que el jueves sesione de manera ilegal la Comisión de Justicia. Ni un paso atrás”, ha comentado en X.
La iniciativa se erige como una respuesta a lo sucedido a finales de enero, cuando la Corte enterró la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de López Obrador. Esa reforma llegó al máximo tribunal, donde solo siete ministros votaron para declararla inconstitucional. Entonces volvió a quedar vigente, hasta que un grupo de empresas presentó un juicio de amparo. Luego una de las salas les dio la razón, dando por cancelado un apartado de la legislación.
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