La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría separar de sus cargos al alcalde del municipio veracruzano de Juchique de Ferrer, ingeniero Cruz Ulises Cuevas Hernández; a la síndica única, Eutiquia Martínez Macías; al regidor único, Marco Antonio Báez Castellanos; y al tesorero, Juan José Chávez Hernández, por no cumplir una sentencia de amparo que les ordenó pagar más de 3 millones de pesos a un acreedor.
Además, los cuatro funcionarios serían consignados penalmente ante un juez de Distrito.
El asunto deriva del Juicio de Amparo Indirecto 1032/2019 del registro del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, donde se resolvió otorgarle a Filiberto Edmundo Marín Arcocha el amparo de la Justicia de la Unión en contra de la negativa de los funcionarios municipales citados, de cubrirle la cantidad de 3 millones 178 mil 498 pesos y 45 centavos, así como el pago de gastos y costas.
Pese a haber sido requerido en numerosas ocasiones, el ayuntamiento omitió cumplir la sentencia, interponiendo excusas como pagarle en abonos y argumentar que carecía de recursos, a pesar de que en el Presupuesto de Egresos del ayuntamiento para el año 2022, fue aprobada la partida “Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos”, por un monto de 16 millones de pesos.
Ante la contumacia (rebeldía) de las autoridades, el juez de Distrito ordenó abrir el incidente de inejecución de sentencia el 24 de octubre de 2022 y remitió el caso al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia.
También el Tribunal requirió a las autoridades, las cuales no acreditaron haber obedecido, por lo que ordenó remitir el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos que indica la fracción XVI del artículo 107 constitucional.
Este prescribe que: “XVI. – Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, será inmediatamente separada de su cargo y consignada ante el Juez de Distrito que corresponda”.
Ahora, es la presidenta de la Suprema Corte, ministra Norma Lucía Piña Hernández quien determinó, en una resolución de 10 puntos, admitir el incidente de inejecución 56/2023; ordenar que las autoridades de Juchique de Ferrer demuestren, en tres días hábiles contados a partir de la notificación, haber realizado el pago o expliquen por qué no lo han hecho; turnar el asunto a la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek; y computar los plazos de vencimiento, para proceder a la separación de los funcionarios, prevista en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en caso de que persistan en la inejecución.
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