Acuerdo para el Fortalecimiento Económico es una burla, defendamos el presupuesto social
Central Campesina Cardenista
Central Campesina Cardenista cercada por la policía

La amenaza del Gobierno Federal sobre arrebatar los recursos a programas sociales, han sido ya una realidad, desde el año 2015 los recortes al presupuesto han sido ininterrumpidos, tan solo en el año 2016 los recortes sumaron 163.300 millones de pesos poco menos de los 200.000 millones que se necesitan para frenar el gasolinazo, la misma cantidad con la que amenazan frenar programas como PROGRESA o la atención del Seguro Social, lo que sería inconstitucional.

La Central Campesina Cardenista protesta el día de hoy en la SAGARPA y SEDATU con la finalidad de que se respete el presupuesto dirigido a programas que fomentan el empleo, como la vivienda rural, la producción campesina como FAPPA y El campo en tus manos así como la cohesión social con los programas que atienden los conflictos agrarios, se moviliza el día de hoy contra el gasolinazo y en defensa del presupuesto productivo y social.

Las reducciones al presupuesto han puesto en jaque importantes programas sociales, tan solo el Presupuesto del Programa Especial Concurrente en su vertiente Agraria ha tenido una reducción del 2016 al 2017 de -26.1% lo que contribuye a la inestabilidad social en muchos territorios del país, como ejemplo el Programa de Conflictos Agrarios ha tenido una reducción presupuestal de casi el 20%. La Central Campesina Cardenista representa más de 180 conflictos agrarios en 20 estados del país, al día de hoy subsisten más de 1,000 conflictos agrarios los cuales no se han podido resolver por falta de voluntad política y presupuestal.

Este es el caso también del Programa de Apoyo a la Vivienda (antes Vivienda Rural), programa que promovimos por las organizaciones campesinas en el marco del Acuerdo Nacional para el Campo, el cual año con año ha disminuido sus montos y alcances, en un principio los beneficiarios eran acreedores a una vivienda completa, al día de hoy se han reducido espacios y montos para solo poder construir una recamara de 20 mil pesos costo que no se ha actualizado frente a los incrementos del acero y el cemento desde el año 2012.

Dicho programa que beneficia a familias que viven en extrema pobreza, genera empleos en el medio rural, mejora las condiciones de vida e impulsa el ahorro de las familias que aportan dinero para la construcción. Al alza de los costos ya mencionados se suma el gasolinazo, ya que el incremento de la gasolina y diesel afectará sin lugar a dudas el suministro de los materiales para la construcción en por lo menos un 8%. Si se re direccionara el presupuesto designado a la construcción del nuevo Aeropuerto en el 2017 (servicio que solo atiende a la población de más altos recursos) de 3 mil 200 millones de pesos se hubieran podido construir 160 mil recámaras para la población más pobre lo que impulsaría a la economía nacional.

La Central Campesina Cardenista y muchas otras organizaciones campesinas hemos impulsado modificaciones al presupuesto las cuales con un plumazo de Hacienda y el consentimiento de una cámara de diputados que no representa los intereses de la ciudadanía, se etiquetan para atender programas recesivos que año con año ocupan el 80% del presupuesto dirigido al campo para subsidiar a muchas de las empresas del Consejo Coordinador Empresarial organismo que integra a todas las empresas del Consejo Nacional Agropecuario.

Para la organización y la ciudadanía es de suma importancia que las grandes empresas que firmaron el “Acuerdo Para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar” paguen la totalidad de los impuestos lo que ayudaría a contribuir con las necesidades financieras del país, el Gobierno debe terminar ya con las exenciones fiscales que han sido promovidas tanto por el PRI como por el PAN.

El pasado 6 de enero en Veracruz nos comprometimos con los ejidatarios y comuneros que viven las afectaciones de un gobierno que no se interesa por resolver los conflictos agrarios, por el contrario los intensifica con la permisividad que se ha dado a empresas mineras y energéticas para ocupar territorios que son propiedad social, los recursos destinados a solucionar conflictos agrarios, se pueden desviar ahora para subsidiar el supuesto “Acuerdo”, de la misma cúpula político – empresarial que ha permitido y perpetrado el hundimiento del país en la crisis.

¡No más recortes presupuestales a los programas que generan productividad y trabajo en el sector rural!

¡Alto a los subsidios a las grandes empresas!

¡No al gasolinazo!

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