yo acuso multimedios

Honorable Asamblea:

Vengo a esta tribuna, para cumplir el mandato de mis compañeros integrantes del Grupo Legislativo del PRI, que tengo el honor de coordinar, para fijar nuestro posicionamiento en relación con la Reforma Constitucional que recientemente aprobó el Congreso de la Unión en materia de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y sobre la que ahora, ésta LXI Legislatura como parte integrante del Constituyente Permanente, emitirá su opinión.

La reforma planteada guarda concordancia con los principios fundamentales de mi partido, y seguro estoy que corresponde también a las aspiraciones de mis compañeros diputados de los demás grupos legislativos; pues responde a la justa demanda de la ciudadanía en el sentido de evitar que quienes desempeñamos un empleo o cargo público en los distintos órdenes y niveles de gobierno, percibamos sueldos exageradamente elevados, los que en algunos casos, además de no corresponder con los limitados presupuestos, agravian profundamente a la población, ya que un alto porcentaje de mexicanos se encuentran en condiciones de pobreza extrema o apenas percibe lo esencial para satisfacer sus necesidades.

Por ello, los diputados del PRI, a la vez que apoyamos la Reforma, reconocemos la capacidad de conciliación de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, quienes asumieron su responsabilidad con México, al plasmar en la Carta Magna, uno de los grandes anhelos ciudadanos, que hasta hoy había sido postergado, y que se resume en el principio juarista que dice:

Los funcionarios públicos “no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley señala”.

En medio de las naturales divergencias partidarias, propias de la democracia, es posible generar consensos sobre los asuntos mas relevantes para la Nación, y esto quedó de manifiesto en el Congreso de la Unión al consensuar la aprobación de la Reforma; corresponde hoy a los diputados veracruzanos colocarnos a la altura de las circunstancias para ser la primera Legislatura local que la apruebe.

La reforma constitucional establece que:

* ningún servidor público federal, estatal o municipal podrá percibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República;
* tampoco podrá ningún funcionario, salvo muy justificadas excepciones, percibir un sueldo más elevado que el de su superior jerárquico;
* además, no será posible conceder o cubrir jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, ni préstamos o créditos, sin que los conceptos de estas prestaciones sean asignados legalmente o estén contemplados en los instrumentos que rijan la relación laboral y,
* por último, establece la obligación de que en los presupuestos se fijen tabuladores desglosados de las remuneraciones.

La reforma incorpora significativos avances en la construcción de un orden jurídico más acorde a la realidad social que vive el país; y responde a las demandas de una sociedad cada vez más participativa y exigente de que sus representantes respeten la ley, que se conduzcan con transparencia y honestidad y, sobre todo, que estén conscientes de que su responsabilidad pública es una oportunidad de servir a los demás y no de servirse de los demás en beneficio propio.

Por todo ello, el Grupo Legislativo del PRI votará a favor de la minuta remitida por el Senado de la República; pero además, en su oportunidad, someteremos a la consideración de esta Soberanía una iniciativa de decreto para reformar la Constitución Política del Estado, con el fin de adecuarla a las nuevas disposiciones de la Carta Magna en esta materia; de igual forma promoveremos las modificaciones necesarias para que la legislación secundaria establezca y desarrolle los principios constitucionales referidos, con lo que se dará cumplimiento a las normas transitorias de esta reforma.

Por otra parte, el Grupo Legislativo del PRI considera impostergable complementar la reforma en materia de remuneraciones de los servidores públicos municipales, impulsando una iniciativa ante el Congreso de la Unión que reforme los artículos 115 y 116 de la Constitución General de la República, para establecer en el texto constitucional que las percepciones de ediles y funcionarios municipales deben guardar congruencia con los montos de los presupuestos que ejercen, dando atribuciones a los Congresos de los Estados para expedir normas generales al respecto; para que en ningún caso, los servidores públicos municipales, al igual que los estatales, puedan recibir una remuneración mayor a la que percibe el Titular del Ejecutivo del Estado, tal como lo ha señalado el Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.

Lo anterior resulta de la mayor relevancia pues impedirá que al amparo del principio constitucional de libre administración hacendaria, en algunos ayuntamientos del país se acuerden salarios y prestaciones apenas inferiores a las del Presidente de la República, acatando las disposiciones contenidas en la reforma que hoy nos ocupa, pero que resulten exagerados si las confrontamos con su realidad presupuestal.

Así, evitaremos el menoscabo de la hacienda pública, al dejar de destinar importantes sumas al gasto corriente, para canalizarlas a mejorar la prestación de los servicios públicos y a la realización de un mayor número de obras y acciones en beneficio de la población.

Compañeras y compañeros legisladores:

En momentos cruciales para el país, cuando nuestra economía transita en medio de una crisis financiera mundial sin precedentes, que seguramente verá incrementados sus efectos negativos ante la problemática que encierra la epidemia de influenza que prácticamente paralizó a la nación.

Estamos obligados a canalizar mayores recursos a la creación de infraestructura productiva que genere empleos y bienestar social y menos al gasto corriente de los estados y municipios; a direccionar los presupuestos para combatir la pobreza, la inseguridad, los bajos niveles educativos y los rezagos ancestrales de nuestros pueblos originales; a canalizar mayores recursos al mejoramiento de los servicios de salud pública y al fortalecimiento de nuestra democracia; a establecer las bases de una auténtica planeación democrática; a rendir cuentas puntualmente ante los ciudadanos; y a manejar con disciplina y transparencia los recursos que los ciudadanos nos confían.

En este escenario, a los diputados nos corresponde sentar las bases para dignificar el servicio público, para hacer entender a los que tienen una responsabilidad de gobierno, y aún no lo han valorado así, que el mandato del pueblo es que se administren los recursos con honestidad, austeridad y en beneficio de los ciudadanos, para recobrar el crecimiento del país.

Los representantes populares estamos ante la gran oportunidad de propiciar el desarrollo, generando leyes que eliminen los abusos en el quehacer público y que propicien el actuar honesto y responsable de los servidores públicos.

Encaremos pues con responsabilidad el mandato de servir a Veracruz y a México, para lo que fuimos electos; cerremos la puerta a quienes ven en la política un redituable negocio a futuro; hagámoslo como lo hicieron los Diputados Federales y los Senadores al aprobar la Reforma Constitucional que hoy nos ocupa.

Es cuanto, Sr. Presidente.