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La Jornada

Durante los primeros siete meses del año, al menos 90.000 niños mexicanos fueron deportados por el gobierno de Estados Unidos, en el contexto de su política antimigratoria, reportó un estudio del grupo de trabajo en materia migratoria del PRI en la Cámara de Diputados. También se ha deportado a alrededor de 300.000 adultos.

Informó que cerca de 15 por ciento de los niños, unos 13.500, viven en la franja fronteriza mexicana, sin ningún tipo de protección gubernamental, y en el mejor de los casos son atendidos por instituciones religiosas u organizaciones no gubernamentales.

El coordinador del grupo y secretario de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, el diputado priísta Edmundo Ramírez Martínez, puntualizó que los niños son encargados a polleros o traficantes de personas para ser llevados a Estados Unidos con sus padres y si en el intento son deportados, prácticamente son abandonados en la frontera mexicana, ya que su familia, por temor a correr la misma suerte, no los reclama.

Además, el informe precisa que por cada tres adultos deportados de Estados Unidos, queda un niño de origen mexicano abandonado en esa nación. Dijo que muchos de los menores acompañaron a sus padres en la aventura de llegar al país del norte para encontrar trabajo, pero fueron deportados por las autoridades de ese país.

Derechos violados

En la frontera norte hay niños “estacionados” que permanecen en albergues del DIF, organizaciones religiosas o civiles, pero un porcentaje muy alto se dedica a la mendicidad para subsistir e intentar llegar a Estados Unidos.

Detalló que la deportación de infantes tiene mayor impacto en las entidades con alto flujo migratorio como Michoacán, Jalisco, Zacatecas y Guanajuato. Lamentó la violación sistemática a los derechos de la infancia por parte de las autoridades estadunidenses y la ausencia de un programa de apoyo a este sector por parte del gobierno mexicano.

El informe legislativo expone que la Convención Internacional de los Derechos de los Niños determina que en el caso de menores no deben ser deportados sino repatriados, pero en los hechos, se estima que sólo 25 por ciento llegan directamente hasta su estado de origen, el resto sufre la misma suerte que los adultos que son conducidos hasta la frontera y ahí son abandonados a su suerte.

Ramírez Martínez expuso que la diferencia entre deportación y repatriación “es de fondo”, en tanto que la primera implica prácticamente una expulsión, mientras que la segunda obliga a ese país a responsabilizarse del cuidado y tutela de los menores.